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Como
ya casi nadie ignora, somos una sociedad donde es una rareza
hallar funcionarios públicos moral y técnicamente capaces y
vacunados contra la corrupción. Esta prendió con excelente
feracidad en nuestra Administración Pública, a tal punto que ella
pareciera sólo alimentarse con cada nuevo nombramiento oficial.
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Gobiernos
van y vienen, Ministros van y vienen, enroques A, seguidos de B, en
un permanente círculo vicioso y pernicioso para el país como un
todo, aunque muy beneficioso para los corruptos de siempre.
Estos
funcionarios corruptos están fuertemente organizados. Las leyes
internacionales y nacionales se han encargado de recoger un pesado
texto jurídico, penal nacional y diplomático internacional que
prácticamente los hace inmunes a cualquier castigo por lábil que
este sea.
Complementariamente,
esa realidad administrativa nos está hablando sobre la existencia de
unos ciudadanos probos y competentes que no son precisamente
quienes llenan las nóminas gubernamentales de ninguno de estos
países de bajo perfil civilizatorio. Son las personas que
finalmente corren con todas las cargas presupuestarias del delito
cometido por el funcionario corrupto, hasta ahora inmunizado según
venimos infiriendo.
La
contaminación es tal en países como el nuestro que de ella no han
escapado las insignes y honorables autoridades universitarias.
Docentes, rectores, vicerrectores, decanos, y otros funcionarios han
sido harto señalados como incursos en delitos contra la Cosa Pública
(cónfer actuaciones públicas del ex Ministro Samuel Moncada) sin
que ninguno de ellos hasta ahora haya sido sometido a sanción
alguna, salvo al
sometimiento
del llamado escarnio público de ese cotidiano chismorreo mediático
de latoso centimetraje que para gente de esa calaña apenas les
"resbala" en su endurecida y acocodrilada pelleja.
La
corrosividad del acto corrupto venezolano no se detuvo en las altas
esferas académicas sino que llegó a las instituciones que se hallan
fuera del Presupuesto Nacional. Tal es el caso del llamado Fondo de de
Pensiones para Jubilaciones, Cap. de Venezuela. Este organismo
afilia obligatoriamente a cada funcionario público que entra en
funciones como personal activo. A estos funcionarios públicos
activos y durante toda su estadía como tales y no menos
obligatoria y compulsivamente se les quebranta su salario,
quincenal o mensualmente, en la cuantía que supuestamente servirá
acumuladamente de Fondo para esos mismos funcionarios públicos cuando
hayan pasado a la condición de JUBILADOS UNIVERSITARIOS.
Y
este es el caso de manifiesta corrupción en el Fondo de Jubilaciones
de Venezuela: Sobre una suerte de arbitrariedad gubernamental, sus
directivos decidieron seguirle cobrando la cuota de jubilación al
personal mismo que va siendo incorporado a la Nómina de Jubilados.
Tal irregularidad administrativa representa toda una importante
aberración desprovista de toda lógica entre personas de
pensamiento sano, honesto y moralmente frágil, pero que encaja
perfectamente en la insana y desmoralizada conducta de los
administradores de este Fondo sin fondo para jubilaciones.
Así
las cosas, tenemos un buen lote de JUBILADOS UNIVERSITARIOS que
siguen cotizando su cuota para el Fondo de Pensiones para cuando sean
cesanteados (suponemos) hasta de su condición de jubilados en este
mundo y empiecen a ser jubilados en el más allá. No podemos
imaginar otra explicación coherente con lo que está pasando.
Por
todo eso, pensamos que independientemente de que esos
administradores del Fondo sin fondo de Jubilados estén o no lucrándose
con dinero ajeno, en el escaso caso de que queda algún
brote sano en las nóminas nacionales de la burocracia actual, ese
Fondo debería reintegrar ipso facto, y con los correspondientes
créditos de intereses causados por apropiación indebida, e
íntegramente todo el cuantioso monto de retenciones no menos
indebidas. Todo eso, al margen de las sanciones administrativas y/o
penales que dejamos a criterio de otros funcionarios involucrados en
estos manejos de dinero público, pero ajeno.
28
de
abril
de 2009
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