De un tiempo a esta parte la Cancillería nacional ha hecho gala de una chisporroteante publicidad y una deslumbrante pirotecnia verbal a fin de camuflar y disimular la seguidilla de imposturas, como en el caso del vergonzoso protocolo de Montevideo, en la que el canciller ha tratado de justificar su implementación bajo el pretexto institucional de la defensa de la democracia, cuando en realidad este protocolo involucra un vil atentado contra los principios fundamentales del derecho internacional como el concepto de soberanía y autodeterminación de los pueblos, y de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, esbozados ya por Hugo Grocio en las postrimerías de la guerras europeas de religión del siglo XVII y reafirmado más adelante por el Congreso de Viena del año 1815, para llegar al día de hoy, donde se encuentra consignada la convención de Viena en la década del sesenta y en nuestra propia Carta Magna, con algunas reservas en lo concerniente al derecho internacional humanitario.

El protocolo de Montevideo va mucho más allá de la cláusula democrática interamericana adoptada por la OEA, hace diez años, porque no solamente habla de ruptura del orden constitucional sino de amenaza de ruptura que conlleva una apreciación subjetiva y caprichosa sujeta al buen saber y entender del presidente de turno.

Esta bárbara y anacrónica forma de interpretar una situación institucional tiene su antecedente y paralelismo, salvando las distancias de tiempo y espacio, en el tratado de la Triple Alianza, cuyo artículo 17 dice “que los aliados se garantizarán recíprocamente el fiel cumplimiento de los acuerdos, arreglos y tratados que hayan de celebrarse con el gobierno que se establecerá en el Paraguay”… “si estos esfuerzos fuesen inútiles, los aliados concurrirán con todos los medios a fin de hacer efectiva la ejecución de lo estipulado”.

No se requiere demasiada perspicacia para tomar conciencia del espíritu intervencionista de ambos compromisos, aquel lejano de 1865 y el que se quiere aplicar hoy al Paraguay, pues bien sabido es que el mismo no se podrá imponer al Brasil ni a la Argentina por razones más que obvias.

Paraguay es un país mediterráneo sujeto a un determinismo geográfico funesto que conspira contra la supervivencia de la propia nación.

Es más, el protocolo de Montevideo menciona el cierre total o parcial de las fronteras terrestres, limitación o suspensión del tráfico aéreo y marítimo y la suspensión de los suministros energéticos y de servicios. Con ello el Paraguay quedaría totalmente aislado, asfixiado, encerrado en sí mismo sin posibilidad de revertir esta deplorable situación que conllevaría a su colapso existencial como nación soberana.

Sin embargo, el protocolo de Montevideo no hace mención a los presidentes que tienen delirios mesiánicos y que intentan perpetuarse en el poder a través de reelecciones indefinidas a la usanza de las dinastías hereditarias de los Borbones o de los Habsburgos o de los caprichos reeleccionistas de Hitler y de Stalin, que de salvadores de la patria pasaron a integrar la tétrica galería de los más crueles y oprobiosos genocidas que registra la historia universal.

El Paraguay no debe aceptar este vil y denigrante protocolo que como un disimulado caballo de Troya intenta penetrar en nuestro suelo patrio, despojándonos de aquello que hemos logrado con sangre, sudor y fuego: la dignidad de ser un país soberano y autodeterminado.