Sobre la Reforma Constitucional por Gonzalo Quintana*                                                                                                  (*) Ex senador nacional

El proceso para reformar la Constitución se inició, en el Paraguay, en el momento que el Presidente manifestó a sus allegados su deseo de reelección como Presidente de la República. La pretensión de Nicanor Duarte es más antigua, viene desde antes de ganar las elecciones del año 2003.

Este proceso no se va a detener si es que los Senadores y Diputados del Partido Colorado y sus aliados, del mismo modo que los de la oposición, no asumen un sólido compromiso con la Democracia; pues todos los recursos del Estado serán utilizados para hacer políticamente viable las ambiciones del Presidente.

Tomando en consideración las bases sobre las que, la mayoría de los parlamentarios, toman sus decisiones, el resultado esta cantado; se hará la reforma para permitir la reelección.

La propuesta de reformar, nada mas y nada menos que la Constitución, no obedece mas que a las necesidades coyunturales de una dirigencia que contempla solamente  sus intereses egoístas y desvincula sus pensamientos y acciones de los intereses superiores de la nación.

Sin embargo, en esta ocasión no se trata de corrupción y mal gobierno, no esta en juego solo el dinero, no se trata solo de la decadencia, de más pobreza e ignorancia. Esta reforma nos hará  responsables de plantar la semilla de la violencia y su consecuencia, el luto para la solución de los problemas políticos.

La Constitución vigente, con sus defectos, tiene una enorme legitimidad porque no solo fue aprobada por una amplia representación sino porque es el producto de un gran consenso. El consenso básico rector era el de dar un marco  jurídico fundamental que oriente y rija el proceso de instauración de la Democracia en el Paraguay o más precisamente, sustituir la fuerza por el Derecho y prevenir la concentración del poder que caracterizo al régimen de Stroessner.

La Constitución de 1992  fue concebida como la de la transición del autoritarismo a la democracia. A nadie escapo que la Constitución definitiva seria el producto de una democracia consolidada. Hoy se pretende modificarla para legitimar un proceso de reinstalación de la dictadura.

Las ideas centrales se ven claramente reflejada en disposiciones tales como la no reelección para el Presidente y Gobernadores, una fuerte participación de órganos no dependientes del Poder Ejecutivo en la elección y conformación de instituciones como Ministros y Jueces del Poder Judicial, Fiscales, Banco Central del Paraguay, etc.   

En este sentido es claro que el llamado proceso democrático se revirtió dramáticamente en nuestro país. No solo porque no se avanzó sustantivamente en la construcción de una cultura democrática sino que, con excepción de elecciones más confiables, todo indica la consolidación de las bases (ideológicas, éticas y programáticas) que permitieron el sostenimiento de la dictadura por tanto tiempo.

 No podemos ignorar los hechos que confirman una concentración de Poder nunca visto y su ejercicio alejado de principios elementales de la democracia.

El actual presidente tiene pleno dominio sobre las decisiones de todas las instituciones creadas por la Constitución vigente; todas ellas obraran según él lo disponga incluyendo los Poderes del Estado, las FFAA, la Policía, la Fiscalia General, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, las entidades binacionales,  los funcionarios, en gran mayoría, no sirven al Estado..son operadores políticos con sueldo del Estado, etc.

Sin embargo, no se podrá sostener la farsa de la democracia sin la legitimidad de origen. Su régimen tiene el ropaje democrático por haber surgido de elecciones populares. La reforma que propone tiene el único propósito de reinstalar un régimen totalitario, con reelección indefinida.

Los Paraguayos conocemos sobradamente el modelo. El Dictador Stroessner hizo su Constitución en 1967, tuvo sus elecciones, su Congreso, sus leyes, sus jueces, sus fiscales, sus sentencias, sus FFAA, sus policías,  sus empresarios, sus sindicatos, sus campesinos, etc. También tuvo “sus mayorías” de hasta el 98 %; oportunamente también tuvo su reforma Constitucional en 1977 para seguir con la farsa y como siempre, como en todo el mundo tuvo el final consabido: choque cruento con vidas inocentes perdidas por la estupidez de no tener otra forma de cambiar un gobierno.

.Las normas a las que voluntariamente nos sometemos no son inmutables, la evolución, las circunstancias pueden obligar a que sean reformadas e inclusive cambiadas. Sin embargo, si esta reforma esta orientada por el apetito de Poder, si  esos cambios no contemplan la esencia misma de los objetivos de la nación o ignoran los principios y valores que constituyen el Estado para los que rige, las desnaturalizamos. Ninguna norma puede ser cambiada para satisfacer intereses coyunturales o egoístas, se las debe formular para el progreso en los fines de la nación y con un respeto absoluto en su base, el consenso logrado sobre la idea de un régimen democrático pleno.

En el contexto actual la reforma Constitucional ataca su esencia porque la idea que subyace en la propuesta es habilitar un Gobierno de, por y para Nicanor.

El Presidente y los Parlamentarios deben comprender  que no basta con detentar los instrumentos materiales del poder para mandar sobre otros seres humanos; es necesario haberlos adquiridos y  usarlos observando ciertas  reglas y principios que confieren el derecho de gobernar. Cuando este principio se viola, el espíritu del derecho es sustituido por el de la fuerza que lleva a la violencia.

Ninguna fuerza puede constituirse en un poder legitimo si no cuenta con el consenso libre y voluntario de quienes se someten a ella. El consenso se logra en las normas que constituyen el poder. La legitimidad y legalidad en la observancia de las normas que regulan su ejercicio. .

No confundamos la norma con la interpretación caprichosa del texto de la ley, porque esa es la diferencia entre un juez y la decisión tramposa de Poncio Pilatos que pretende sustituir la razón jurídica por una mayoría fanática o corrompida. Este es el sentido de la advertencia de Norberto Bobbio cuando dice: “esta es la única forma de distinguir un ordenamiento jurídico de las reglas de una banda de pillos. Es la gran diferencia entre el mandato del Legislador y la intimidación del bandido”.

Dicho de otro modo, es una herejía política destruir el único gran consenso nacional logrado desde la caída de la dictadura para satisfacer las necesidades de un conjunto de ambiciosos. Invitamos a la ciudadanía democrática a una activa oposición a la reforma constitucional en los términos hoy planteados.

Asunción, 12 de septiembre de 2005.

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