La gestión de las empresas públicas es uno de los grandes desafíos para el gobierno que se viene. La dirección política de las mismas debe ser compatible con los conocimientos técnicos indispensables para cumplir dichas funciones. Esto requiere  cambios significativos en la actual conducción que está basada en cuotas políticas que posibilita el acceso de directores que no están mínimamente capacitados para cumplir sus funciones.

Las empresas públicas deben prepararse para competir, para la reducción de costos afectados por la burocratización vinculada a la política prebendaría y clientelista de los partidos tradicionales y para el suministro adecuado de bienes y servicios públicos al menor costo posible. Los cuadros gerenciales deben ser ejercidos por los más capaces, por los más aptos con independencia de sus orígenes político partidarios, en otras palabras, se debe implementar la meritocracia. Un buen funcionamiento de las empresas públicas ayudará a retomar la indispensable credibilidad en la acción del Estado.

Las empresas públicas deben tener espíritu empresarial y flexibilidad e igualdad de acción que las empresas privadas. Ello significa cierto grado de autonomía en las ganancias para su reinversión, un régimen de compras y de remuneración de personal que le permita competir y otorgar los estímulos y motivaciones necesarios para sus funcionarios; estas razones son válidas para proceder a las reformas necesarias.

Reformar no es sinónimo de privatización, en el sentido de venta de los activos, aunque puede ser uno de sus componentes. La reforma implica el uso sustentable de los recursos, el surgimiento de nuevos actores empresariales, cambios en la organización y en las modalidades de funcionamiento del sistema y sobre todo la transparencia, coordinación y control de las empresas públicas proveedoras de bienes y servicios.

Se podría definir a la privatización como un hecho o acto que supone transferir responsabilidades públicas, tanto económicas como sociales, al sector privado. Por lo tanto de acuerdo a esto se considera privatización no sólo a la venta de los activos públicos, sino también a la venta de acciones de una empresa de servicio público de propiedad del estado (capitalización); la desmonopolización parcial del mercado (de monopolio estatal), que significa la transferencia de cuotas de mercado; las privatizaciones periféricas, que implica la transferencia de servicios parciales del estado al capital privado, y a la reducción de las políticas sociales que supone la disminución, o la nulidad en algunos casos, del gasto del estado en dichas políticas, lo cual permite el ingreso de la oferta privada a la prestación de los servicios

Criterios generales para la reforma

En general la reforma debe propiciar la competitividad, la inversión, la transparencia de la gestión, creación de fuentes de trabajo y el crecimiento sostenido. Para ello en primer lugar debe haber seguridad y estabilidad jurídica, seguridad en el sentido de que las leyes existentes se apliquen y estabilidad de modo que no haya cambios frecuentes en el marco jurídico, todo esto a fin de dar una cierta “previsibilidad” a las inversiones.

La función de regulación del Estado merece especial consideración. Ella debe orientarse a vigilar las reglas de la competencia, controlar la acción distorsionante de los monopolios naturales, promover la protección, información y participación de los usuarios y garantizar el suministro de acuerdo a normas establecidas, es decir, la reforma debe posibilitar la defensa efectiva del derecho de la sociedad a tener servicios de calidad y a costos económicos.

Para ello las condiciones esenciales son: un marco jurídico adecuado a

nuestra realidad, es decir, que responda a las peculiaridades del país y no

a recetas sugeridas por agentes extranjeros y un organismo regulador

independiente, imparcial y honesto.

Organismo regulador

Se dice “un” organismo regulador siguiendo la idea del futuro Ministro de Hacienda; independiente en el sentido de tener los atributos de autonomía organizacionales necesarios para llevar adelante sus objetivos; imparcial en cuanto a tener una relación “blindada” con respecto a los agentes regulados, consumidores y otros intereses privados, y sobre todo, con respecto a las autoridades políticas (“blindada” en el sentido de mantener la razonabilidad y objetividad sobre las cuestiones en tratamiento y no ser permeable a coacciones interesadas); y honesto haciendo que las personas que sean nombradas para estas posiciones deban tener cualidades personales para resistir presiones indebidas e inducciones y deban ejercer su autoridad con honestidad (material e intelectual) para ganar el respeto de los actores claves y asentar la legitimidad de su papel y de sus decisiones.

En cuanto a la defensa del consumidor se debería constituir un Consejo de carácter consultivo con representantes de los distintos estamentos de la sociedad, por ejemplo consumidores industriales, comerciales, particulares, etc. y sus decisiones o recomendaciones deben ser vinculantes con las acciones que tome el ente regulador.

Particularmente para el sector de telecomunicaciones se debe prever la creación de un Consejo de Radiodifusión con criterios análogos a los fijados para el Consejo de Consumidores.

Marco Regulatorio

En un contexto internacional en que la liberalización de los mercados avanza sin pausa, los reguladores deben no sólo velar por el respeto a los derechos de los consumidores sin que por ello se perjudique a las empresas y sus inversiones, sino también debe coordinar esfuerzos con sus pares de otros países para avanzar en los procesos de integración regional. Una tarea regulatoria es aprender de la experiencia internacional, por ejemplo, evitar las crisis energéticas recurrentes de Argentina, Brasil y Chile.

En base a que el hecho de que los actores privados ejerzan el dominio sobre el mercado puede desacreditar totalmente el proceso de liberalización, hay que vigilar y mitigar los efectos de la dominación del capital privado.

Para ello se le deben establecer limitaciones previas (ex ante) a partir de la regulación. Para realizar su tarea con eficiencia es indispensable que el ente regulador sea independiente, alejada de las actuaciones tanto de los organismos públicos como de las empresas.

En general, el marco jurídico normativo debe promover industrias sustentables basadas en los siguientes principios:

Economicidad: asignación y utilización de los recursos en forma eficaz y eficiente a fin de que la prestación de los servicios sean a costo mínimo.

Transparencia: tanto los agentes intervinientes como las autoridades públicas responsables de los procesos regulatorios, deben hacerlo de manera pública, asegurando el acceso a la información sobre los mismos a toda autoridad competente y a toda persona que demuestren interés.

Calidad: observar y cumplir los requisitos ambientales y técnicos que establezcan las normas y reglamentos.

Equidad: el servicio público básico debe ser de acceso universal

Derechos de los trabajadores

Otra cuestión que no debe olvidarse es la situación de los funcionarios de las entidades afectadas, tanto de las empresas comerciales y de servicios; como los de los actuales entes reguladores.

La transformación, en sus normativas, debe garantizar los derechos actuales y atender la cobertura de los pasivos laborales de los empleados.

Reforma empresarial

En muchas jurisdicciones, la búsqueda de una mayor eficacia en el mercado pasa por la privatización de las compañías, entiéndase como la venta de activos. De acuerdo con la experiencia internacional, se debe tener cuidado en no reemplazar un monopolio estatal por un monopolio privado u oligopolio empresarial; hay que evitar que las utilidades sean privatizadas mientras que las deudas son estatizadas. Por eso, se deben tomar las medidas pertinentes a fin de no enajenar el patrimonio del estado y precautelar los derechos de los trabajadores haciendo que las empresas operen bajo el mismo régimen que las empresas privadas y con una adecuada sindicación de

acciones.

Como medida complementaria se debería firmar un acuerdo Estado-Empresa con cada empresa reformada en donde el gobierno se comprometa a implementar las tarifarias correspondientes y las empresas a cumplir indefectiblemente con ciertos índices de gestión so pena de la continuidad de sus principales ejecutivos.

Fondo Nacional de Desarrollo

Otro de los objetivos de la reforma es la accesibilidad universal de los servicios, para ello se debe crear un Fondo de Desarrollo específico para cada actividad (electricidad, telecomunicaciones, transporte, saneamiento, et.), que debe ser administrado por el Ente Regulador, con la finalidad de establecer subsidios en las áreas que así lo justifiquen, destinado a compensaciones de tarifas a usuarios finales, proyectos de desarrollos regionales, etc.

Elementos comunes para la reforma

Resumiendo, los principales elementos que deben ser incluidos en una reforma de las empresas y entes del Estado son:

a.. Una clara separación de la elaboración de las políticas, regulación y participación del estado en las empresas involucradas.

b.. El establecimiento de un regulador autónomo, que opere con independencia y determinado poder discrecional.

c.. La introducción de una estructura de mercado que active la competencia, o al menos que no restrinja su desarrollo en actividades requeridas y convenientes.

d.. La adecuación de los precios de los productos y servicios.

e.. La aplicación de subsidios explícitos, transparentes y bien dirigidos.

f.. Normativas que propicien gestiones eficientes, transparentes y equidad social

Sería oportuno y necesario revivir temporalmente, mientras dure el proceso, la Secretaría de la Reforma (aunque evitando sus antiguos vicios) a fin de que en una sola institución se den los lineamientos generales y acciones de tal forma a unificar los criterios para que la política del gobierno tenga coherencia y sustentabilidad.