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Los
principales problemas actuales del sector eléctrico son: la demanda
insatisfecha, es decir la incapacidad de la entidad responsable del
suministro del fluido eléctrico de abastecer los requerimientos de los
actuales y nuevos usuarios; la calidad del suministro, reflejada en los
continuos cortes y parpadeos de la electricidad y la falta de recursos
públicos para expandir adecuadamente la infraestructura energética,
todo ello consecuencia de no existir un plan o política energética a
nivel nacional; además hay que adicionarle a esto, la inexistencia de
una política de seguridad pública y su consecuente cantidad de
fallecidos por electrocución e incendios causados por instalaciones
eléctricas precarias.
Para solucionar estos problemas es imperioso reformar el sector
eléctrico, se debe aclarar que reformar no es sinónimo de
privatización, en el sentido de venta de los activos, aunque puede ser
uno de sus componentes, como ha ocurrido en otros países. La reforma
implica: uso sustentable de los recursos, uso eficiente de la energía,
permitir el surgimiento de nuevos actores empresariales, cambios en la
organización y en las modalidades de funcionamiento del sistema,
transparencia, coordinación y control, entre otras cosas.
Las experiencias mundiales en el diseño e implementación de reformas en
el sector eléctrico son muy variadas. Por las características del
sistema eléctrico nacional, y también por razones políticas, las
reformas en Paraguay no deberían seguir los caminos de otras
experiencias en el mundo.
Actualmente existe un monopolio en manos del Estado, ANDE, que no
solamente es el principal generador, excluyendo las binacionales, sino
también prácticamente el único comprador mayorista y principal
distribuidor a los consumidores industriales, comerciales y
residenciales del país. El paso, en el proceso de modernización del
sector eléctrico, es llegar a un modelo donde exista competencia en los
segmentos que lo permitan. Por ejemplo dar la opción de que generadores
independientes y/o comercializadores de electricidad puedan tener la
opción de vender a los grandes consumidores, al mercado regional, o a
la ANDE. La introducción del gas natural (gasoducto de Bolivia) en la
matriz energética del país sólo será posible con la intervención del
capital privado y con un volumen de consumo relativamente elevado, dado
que el consumo esperado es relativamente bajo, sólo será posible
aumentarlo con la instalación de centrales térmicas. Estas centrales
podrían ofrecer a la ANDE servicios complementarios (compensación de
reactivos, regulación de tensión y frecuencia, etc.) y exportar (vía
operación swap) la mayor parte de su producción, con lo cual la ANDE
también se beneficiaría al disminuir sus pérdidas técnicas.
El sector eléctrico tiene unas características especiales de relativa
complejidad técnica que hacen necesario garantizar que su
funcionamiento, en un marco liberalizado, se produzca sin abusos de
posiciones de dominio y con respeto estricto a las prácticas propias de
la libre competencia. Por ello, en el presente proyecto de Ley se crea
una Entidad Reguladora y se le da amplias facultades en materia
normativa, de resolución de conflictos e imposición de sanciones, y se
arbitra su colaboración con las instancias administrativas encargadas
de la defensa de la competencia.
Para llevar a cabo la reforma es necesario implementar medidas
integrales; conciliar viabilidad política y racionalidad
técnica-económica, de tal forma que el Estado conserve la
responsabilidad de la prestación del servicio público de energía
eléctrica a todo aquél que lo solicite, que la reforma permita la
autonomía presupuestaria de la empresa prestadora del servicio público,
que se posibilite el acceso universal al servicio y que se establezcan
reglas claras y precisas que incentiven y den certidumbre a las
inversiones que mantengan y fortalezcan los activos que actualmente
tiene el Estado.
La reforma debe posibilitar que se asegure el abastecimiento de energía
eléctrica a largo plazo con criterios de calidad y economía; que
considere la participación complementaria de inversión privada para
cubrir las necesidades de crecimiento; que se establezcan reglas claras
y precisas que incentiven y den certidumbre a las inversiones; que la
ANDE se transforme en una empresa comercial más y que compita con éstas
en igualdad de circunstancias y que con esto se estimule la
competitividad del sector industrial y fomente la creación de empleos.
Además se debe fortalecer la capacidad planificación del Estado,
haciendo que el gobierno sea el responsable de la planificación del
sector eléctrico y fije reglas claras y precisas para asegurar el
abastecimiento y que a través de la Entidad Reguladora, sea la que
determine la metodología para el cálculo de las tarifas necesarias para
la adecuada prestación del servicio público y que tenga las facultades
para proteger a los usuarios propiciando la actualización de las Normas
Eléctricas a fin de lograr una mayor calidad del suministro y una mejor
seguridad pública.
Por lo anterior, se ha considerado importante una modernización del
sector eléctrico nacional mediante una Ley Marco Regulatorio del Sector
Eléctrico, promoviendo además una reforma de la ANDE. En este nuevo
modelo habrá no sólo generación estatal y privada, sino que además,
competencia, una mayor eficiencia, menores costos y la posibilidad de
venta a grandes consumidores, lo cual redundará en una mayor
competitividad del país y un aumento en el número de empleos en todos
los sectores involucrados.
El presente proyecto de Ley tiene, por consiguiente, como fin básico
establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple objetivo
de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho
suministro y garantizar que se realice al menor costo posible, todo
ello sin olvidar la protección del ambiente, aspecto que adquiere
especial relevancia dadas las características de este sector económico.
Las principales características del proyecto de Ley Marco del Sector
Eléctrico abarcan los siguientes aspectos básicos:
- Habilitación del ingreso libre de nuevos operadores
en la actividad de generación de energía eléctrica.
- Creación de un mercado mayorista de energía
eléctrica, basado en las pautas ya identificadas a nivel internacional.
- Flexibilización del comercio con la región (en
condición de reciprocidad), habilitando contratos internacionales.
- Transformación de la figura jurídica de la ANDE
conservando la integración de sus actividades (generación, transmisión,
distribución y comercialización) pero posibilitando una mayor dinámica
comercial acorde con los mercados y tiempos actuales.
- Separación del rol regulador y empresarial del Estado.
- Creación de un Consejo Consultivo de Consumidores en
donde estarán representados sus distintas categorías (Industrial,
residencial, etc.).
- Creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de
la Energía Eléctrica destinado a subsidiar explícitamente el consumo de
usuarios finales de mayor vulnerabilidad económica y los proyectos de
electrificación no rentables económicamente pero necesarios desde el
punto de vista social.
Uno
de los principales impactos derivados del nuevo marco regulatorio está
relacionado con la flexibilización potencial del comercio eléctrico con
la región. En el corto plazo ello permitirá ganancias de eficiencia al
sistema eléctrico. El nuevo marco facilitará una integración del
sistema paraguayo al mercado mayorista argentino, como así también al
brasileño o a otro de la región,, vendiendo energía eléctrica en el
mercado a término y en el de ocasión o de contado (spot), a precio
superior al que se recibe en la actualidad por las cesiones de derechos
de adquisición.
Por último, el presente proyecto de Ley hace compatible una política
energética basada en la liberalización del mercado con la consecución
de otros objetivos que también le son propios, como ser la mejora de la
eficiencia energética y la protección del ambiente.
Cabe señalar que el mencionado proyecto de Ley Marco Regulatorio del
Sector Eléctrico formaba parte un “paquete” entregado al Vice
Ministerio de Minas y Energía en 2009 que incluía: Ley de Creación del
Ministerio de Energía y Minería (aprobada en Diputados y rechazada en
Senadores), Ley de Creación de la Empresa Estatal Comercializadora de
Energía Eléctrica (actualmente en Diputados), Ley de Combustibles y un
resumen de la metodología y de directrices para la elaboración de la
Política Energética.
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Agosto
de
2.010
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