Camilo José Filártiga Callizo
Abogado
|
HACER LA CORTE |
| Camilo José Filártiga Callizo Abogado |
|
Este es el nombre con el que el periodista argentino, Horacio Verbitsky, tituló un libro publicado allá por el año 1993 donde básicamente analiza los mecanismos de construcción de un poder que, según el autor, para legitimarse en forma absoluta, necesita subordinar la justicia hasta su anulación. En este libro lo que hace el autor es una radiografía sobre las causas y efectos de la inseguridad jurídica en la Argentina, poniendo al desnudo el total sometimiento de la Justicia a los deseos del Poder Ejecutivo a través de la exposición y el relato de sucesivos fallos judiciales orientados en este sentido. Maniobras, componendas, acuerdos oscuros y mucho de nuestra miserable conducta política criolla es lo que puede leerse en este libro. El mensaje final es el de un Poder Judicial dependiente del poder de turno, frágil y sumamente corrupto. En nuestro país, la selección de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia y las movidas políticas que se están dando, además de la fuerte apuesta del Ejecutivo y varios políticos de todos los sectores hacia la continuidad de este deplorable sistema de NEGOCIACIÓN - más que de selección de magistrados-, me dejan la misma impresión. El espíritu de la Constitución Nacional de 1992 fue el de fortalecer al Poder Judicial, históricamente conocido como el poder más débil frente al Ejecutivo y al Legislativo, a través de la creación de órganos como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados intentando con esto liberarlo del sometimiento político-partidario al que estábamos acostumbrados. Es importante destacar que hasta la sanción de la nueva Carta Magna, el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado, designaba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente el Consejo de la Magistratura remite al Senado la terna de candidatos, el Senado elige a uno de dicha terna y remite para su aprobación final al Ejecutivo. Sin embargo con esto no se logró la anhelada independencia judicial, ya que los intereses sectoriales y oportunistas de todos los partidos fueron mucho más fuertes que el ideal de dotar al Poder Judicial de magistrados honestos y capaces. El interés desmedido y las cuotas de poder inundaron los órganos creados en un principio para depurar la Justicia, y todo se volvió nuevamente desesperanzador. Decía Leonardo Sciascia que “el poder cada vez nos degrada más, en una densa concatenación mafiosa” y que “rodeados de mierda como estamos, apenas vemos salida al pesimismo”. Uno de las primeras señales de cambio que este Gobierno debía transmitir era justamente la decisión innegociable de mejorar la Justicia, a través de la toma de decisiones concretas en este sentido, algo que lamentablemente no ocurrió con lo que se dio lugar a personajes políticos, en nada comprometidos con el cambio real, a instalar nuevamente sus sucias maniobras para privilegiar el espacio de sectores políticos particulares por medio de negociaciones extorsivas, subordinando el interés nacional de contar con una justicia al servicio de todos por una cuota de poder para defender sus intereses particulares. Algunos consideran que para cambiar la situación actual se debe reformar la Constitución Nacional como atribuyendo al proceso establecido en la misma los vicios del sistema actual, particularmente no estoy de acuerdo con esta posición considero que la intención de los constituyentes al insertar un organismo como el Consejo de la Magistratura en la Carta Magna de 1992 era concreto: HACER EFICIENTE Y EFICAZ EL SERVICIO DE JUSTICIA, de forma a mejorar los niveles de aceptación y legitimidad por parte de la ciudadanía, que luego los políticos, partidos correspondientes y demás se hayan apoderado de este organismo reduciéndolo a una simple instancia sometida a sus intereses no es algo que la Constitución Nacional deba prever. El Estado de Derecho necesita de un Poder Judicial independiente, que goce del respeto y la confianza pública de los ciudadanos en que los casos -van a – ser decididos por individuos con una apertura mental tan liberada de intereses personales, políticos y económicos como sea humanamente posible, así como de obligaciones de lealtad a un partido político u otra organización y de la mayoría de las formas de la ambición. Priorizar la selección de jueces de acuerdo al sector del cual provienen, por encima de sus virtudes académicas o capacidades, es tan perverso como inmoral. El mensaje ciudadano del 20 de abril al parecer no fue suficientemente claro. Asunción, 22 de febrero de 2009 |
| |
|
|
