Con las actitudes esquivas del Gobierno Nacional de Fernando Lugo, el Estado de Derecho se dirige inevitablemente hacia la quiebra.

Con las actitudes esquivas del Gobierno Nacional de Fernando Lugo, el Estado de Derecho se dirige inevitablemente hacia la quiebra. Defender las instituciones consagradas en nuestra Carta Magna es de fundamental importancia para el imperio de la democracia con libertad, seguridad y justicia para todos los habitantes de una nación libre de opresores y oprimidos.

El Poder Ejecutivo y Judicial deben respetar y velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes para lograr el progreso del país con equidad social. Los últimos acontecimientos son las consecuencias de una aleve confabulación o considerable vacío de poder.

Las amenazas con prepotencia de ciertos dirigentes de sectores que se atribuyen ser los únicos interpretes de la soberana voluntad popular, la falta de respuesta por parte del gobierno, hablan más de complicidades calculadas que de tolerancias permisivas.

La insolencia de los lideres de este pequeño grupo que se hacen llamar “Campesinos sin tierra” o “Sin techos”, actúan como si tuvieran un guiño cómplice y alentador o la protección del gobierno. Esta pavorosa percepción va tomando cuerpo, no solamente en los directamente perjudicados, sino en el resto de la población que tiene un patrimonio o una propiedad que proteger y se siente en el mayor desamparo.

¿Que hace la Fiscalía General que de oficio no intervine?. Al asumir la misma actitud del gobierno se convierte en secuaz y encubridora de esta agresión a la república.

El estado de indefensión que generan estos hechos, protegidos por la impunidad que se va instalando dominante por el abandono que hace el gobierno de la población, el desplante de sus responsables y la ausencia del respeto obligado por ley, nos pone en la incertidumbre de cuál será nuestro destino y hacia donde nos están conduciendo subrepticiamente.

Un gobierno que admite, sin reacción, lo que la Constitución prohíbe, no es un gobierno deseable. De persistir en esta actitud, no imaginada, libera a los ciudadanos de la obligación de respetarlo. Este gobierno de no modificar tan sospechable conducta está haciendo lo necesario para que la ciudadanía, releyendo lo pertinente en nuestra carta magna, que dice: Artículo 137- “Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Artículo 138 - DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURÍDICO. Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento.”

... Comience a considerar si es de su responsabilidad y si se han cumplido ya los requisitos que establece nuestra “Ley de Leyes” para asumir el mandato y disponer de la autorización que en ese artículo esta claramente expresado.

Pero, si todo lo hasta hoy ocurrido, es solamente un abuso de estos pequeños grupos en razón de la ya evidente tendenciosa y simulada parálisis del gobierno y su comprometida falta de atención, incluyendo a los Poderes restantes: el Legislativo y el Judicial, que de modo insólito guardan silencio solidario e inexplicable… Entonces debería comenzar a pensarse en una auto-convocación para encontrar la manera de urgir al gobierno sobre una confesión que lo identifique y defina con claridad, y asi saber a que atenernos, antes que se produzcan más hechos o sea demasiado tarde.

En caso de continuar con el pertinaz silencio enrarecedor, nos sentimos con la obligación de arbitrar medios o recursos sustitutos, dentro de la Ley, para preservar el respeto a la Constitución, las leyes de la república, la continuidad de nuestra forma de vida, la libertad, el derecho a la propiedad y la vigencia plena del Estado de Derecho, únicas e innegociables condiciones sobre los que deben construirse el Paraguay que deseamos. De no implementarse inmediatas medidas para retrotraer los hechos delictuosos, hasta ahora consentidos en contramano del derecho, la ciudadanía debería temer ya de una confabulación subrepticia y traidora y considerar que estamos en las vísperas de un cambio que no fue lo que la mayoría en las últimas elecciones hemos votado.

De no ser así, rápidamente y para mantener la tranquilidad y la paz, el gobierno debiera desmentirlo de modo solemne y comprometido para traer alivio al sufrimiento y la angustia que surgen natural y espontáneamente frente a los hechos, por lo menos entre los ciudadanos de buena fe que desearon el cambio y los afiliados y simpatizantes del centenario partido que fuera su apoyo y aliado de entonces.

Preferiríamos creer que se llegó al punto de resignación en el que serviría de alivio convencernos que solamente hemos salido de la etapa de la corrupción para introducirnos en la de ineptitud, como transición al verdadero gobierno que deseamos y que no es éste. Sería una manera optimista intentar disipar la temblorosa sensación de que esa mayoría que le dio su voto ha sido traicionada. ¡Peligroso e incontrolable estremecimiento que comienza a tomar cuerpo en la república.!