El argumento reiteradamente utilizado por algunas personas para oponerse al vallado de la Plaza Uruguaya es la pérdida de libertad de la ciudadanía. Es como si la Municipalidad decidiera, de pronto, enjaularnos en esa “selva aromada”. Se dijo, incluso, que se trata de una actitud dictatorial “propia de la era stronista”. A mi juicio, estos razonamientos son una exageración.

Una plaza pública es del público. Fue concebida para que los ciudadanos ejerzan, precisamente, su libertad: libertad de reunión, de recrearse, de disfrutar del arte, la literatura, la conversación, el ocio, manifestarse contra las autoridades o a favor de ellas; en fin, la plaza es un sitio de todos y para todo en el marco de una libertad responsable. Así fue siempre. Y si el espacio es de todos no se entiende que un grupo de hombres y mujeres, indígenas o no, deba adueñarse de él.

Y aquí está, a mi criterio, el problema que los opositores del vallado no encaran: la causa de la presencia de los indígenas en la Plaza Uruguaya. Vinieron para reclamar al Gobierno su promesa de solución al antiguo problema de la tierra. Encontraron en la plaza el mejor sitio para presionar a las autoridades nacionales que parecieran haberse desentendido del caso a juzgar por el tiempo de la ocupación. Un tiempo de padecimientos, de frustraciones, de rabia mal contenida. Un tiempo de hambre, de mugre, de enfermedades. Un tiempo que sirvió para que se note toda la miseria, no de los indígenas, sino de quienes deberían atenderlos en su miseria, su orfandad, su impotencia.

Cuesta creer que los indígenas vivan peor que en la Plaza Uruguaya. Y si aquí están mejor, se sienten más cómodos, más a gusto, entonces necesitamos la intervención inmediata de los organismos internacionales que atienden los derechos humanos. No es posible que prefieran vivir en la plaza porque en su comunidad padecen una situación peor a causa de la falta de tierra.

Esta falta de tierra es un tema que compete al Gobierno central. La Municipalidad de Asunción nada puede hacer al respecto, ni siquiera –mucho menos– entregarles la Plaza Uruguaya como sitio donde puedan vivir agonizantes.

Y si el problema es de los indígenas con el Gobierno, y el Gobierno se desentiende de ellos, ¿por qué las protestas van dirigidas contra la Comuna que procura salvar un patrimonio que es de la ciudad y no del Estado?

Los manifestantes contra el vallado –y no contra la inacción del Gobierno– deben dirigir sus buenas y humanas intenciones contra las autoridades nacionales que están para buscar, y encontrar, la solución a los problemas de su competencia.

Hay enojos porque las rejas se alzan con la intención de que los indígenas dejen de acampar en la plaza y sigan viviendo en ella. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que mueran todos de hambre o de enfermedades? ¿Es posible, en nombre de la solidaridad, manifestarse porque los indígenas vivan, como viven, en la plaza? ¿No sería más práctico dirigir el enfado contra las instituciones que se cruzan de brazos?

Otra cosa. Si el problema es entre los indígenas y el Gobierno, creo que tendrían mejor resultado las protestas si los nativos, en vez de elegir la Plaza Uruguaya –que es de la ciudad– se instalasen en los jardines del Palacio de Gobierno o en Mburuvicha Róga, que son del Estado. Pero nadie, en su sano juicio, aceptaría que tales sitios fuesen tomados en nombre de la libertad de expresión.

Sí, la plaza es un lugar para la manifestación, pero no para vivir en ella, levantar ranchos de hule, hacer fuego, lavar y tender la ropa, en una palabra, no fue concebida para otra ocupación que no fuese un paseo. Es decir, una actividad transitoria.

En momentos en que no existen impedimentos para que la ciudadanía disfrute de las comodidades de una plaza –aunque fuese un pedazo de sombra– no es correcto hablar de una libertad enjaulada porque se dispone la construcción de un vallado.

Sería bueno, en todo caso, preguntar a los vecinos de la Plaza Italia si sienten que su libertad ha sido sepultada. Tal vez respondan con un suspiro de alivio.