Alcibíades González Delvalle 
Periodista

Ingrid Betancourt y 14 secuestrados más fueron liberados del poder de las FARC en un operativo sin precedentes. Al conocerse la noticia, el mundo dio un suspiro de alivio, sin olvidar que todavía quedan como unas 700 víctimas de una ideología –si la hubiere– que nadie entiende.El origen francés de la ahora liberada motivó al presidente Nicolas Sarkozy a implementar iniciativas que culminaran con la liberación, pero todas las veces terminaron en dolorosas frustraciones. No obstante, quedaba expresada la preocupación humanitaria del mandatario.

Fue por eso que en un momento de la rueda de prensa en el aeropuerto de Bogotá, Ingrid Betancourt se dirigió directamente a Sarkozy, en español primero y en francés después, para agradecerle sus gestiones impulsadas por el más puro espíritu solidario. No cabe duda de que el presidente galo se interesó vivamente por los padecimientos de una colombiana relevante y de sus familiares. 

Pero he aquí que esa solidaridad –ejemplar, sin duda– no la tiene Sarkozy con el resto de los extranjeros que buscan en tierras europeas un alivio a sus aflicciones. Sin haber sido el promotor, Zarkorzy se alzó como el más implacable defensor –junto con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi– de la llamada “directiva de retorno”, que la Eurocámara aprobó por abrumadora mayoría el pasado mes de junio.

Este documento –que atenta contra la dignidad de las personas– permite que con meros trámites administrativos –antes era con intervención judicial– los inmigrantes “sin papeles” sean detenidos hasta 18 meses en un centro de reclusión mientras encuentren, por sí mismos o por terceras personas, un país que los acoja. Estos inmigrantes, una vez que abandonen suelo europeo, no podrán volver a él al cabo de por los menos cinco años.

Sarkozy, ahora con más poder al frente de la Unión Europea, va mucho más lejos que sus colegas. Pretende imponer el “contrato de integración”, existente en Francia, a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Con esto se deja la puerta abierta a una arbitrariedad aun mayor de los Estados en la lógica selección que quieren poner en marcha para la admisión de extranjeros.

Berlusconi, en atención a las propuestas de sus ministros neofascistas, introdujo en el código penal italiano un “delito de inmigración clandestina”, castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Es evidente que la persecución a los inmigrantes no se trata de una cuestión económica. Estos datos lo confirman: en España había 2.357.000 extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, 1.316.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. Solo con su contribución a la caja, se pagan 900.000 pensiones. Los inmigrantes aportan el 7,4% de las cotizaciones de la Seguridad Social y solo reciben el 0,5% del gasto de pensiones.

La Oficina Económica del gobierno español elaboró un informe en 2006 “muy revelador sobre este punto”. Los inmigrantes suponen el 8,8% de la población española, pero absorben solo el 5,4% del gasto público. Consumen el 4,6% del gasto de sanidad y el 6,6% en educación. Pero su aportación es el 6,6% de los ingresos totales. En total, la presencia de los inmigrantes en España “supone un beneficio neto para el país de unos 5.000 millones de euros”.

No es, pues, un problema económico la persecución a los extranjeros, encabezada por Nicolas Sarkozy. Recordemos que Sarkozy es hijo de inmigrante.

Cuando los europeos, principalmente españoles e italianos, estaban secuestrados por el hambre, los latinoamericanos los rescataron con ejemplar espíritu solidario. Hoy no piden recompensa. Piden respeto a su dignidad.