EL PRESIDENTE MULTADO

Adolfo Ferreiro 
Abogado

No puede ser de otra forma, más aún cuando se trata del presidente de la República, ministros y legisladores, altos funcionarios y dignatarios extranjeros. El Estado se personifica en ellos y es responsabilidad primordial de sus órganos protegerlos ante cualquier eventualidad, ya sea el atentado o el accidente de tránsito.

Ayer el presidente Lugo, al mando de un vehículo y escoltado por otros dos, fue detectado cometiendo una infracción de tránsito por el mismo capo de la Policía Caminera, detenido y multado unos kilómetros adelante, todo por un Petta “oportunamente” haciendo de vigilante y un par de policías camineras devotos de su deber, aplicando una concepción de igualdad ante la ley que no es sino una pavada mal urdida, peor comprendida y lamentablemente propalada. Para más, don Petta pretende no haber reconocido la caravana presidencial, la que de tan típica la identifican hasta los lerdos.

Todo huele a una comedia de baja estofa, de las que la propaganda populista disfruta. No es aceptable, porque de serlo sería exponer al presidente de la República a riesgos negligentes, que hasta el último responsable de seguridad en los más de trescientos kilómetros de carretera, no estuviera avisado que pasaría y que tendría que tomar las precauciones para su segura circulación, así fuere con exceso de velocidad, adelantamientos indebidos o interrupciones de la circulación de los demás en sitios conflictivos.

El Sr. Petta practica alharaca con sus criterios simplistas y vulgares sobre la aplicación de normas de tránsito. Evidencia tener poca idea de la naturaleza de esas reglas y de sus técnicas de aplicación. Las presume “igualitarias”, desprecia la discrecionalidad a la que está autorizado y obligado en la compleja variedad de casos concretos y pretende sancionar por igual, con rigidez cadavérica, a un conductor ebrio, a una movilización multitudinaria o al mismo presidente de la República. Hace unos días anunciaba “aplicar la ley igual para todos” a manifestantes que viajaban en camiones y al mismo tiempo no le afectaba que a los indígenas desalojados de la Plaza Uruguaya se los llevaba, Dios sabe donde, en camiones para ganado. Ignora la doctrina básica de que la norma administrativa, entre ellas las de tránsito, son orientadoras para su integración final por la autoridad competente en el caso concreto, a la luz de lo razonable de la situación, la finalidad de la decisión y en cuidado del bien jurídico superior en riesgo o a ser protegido. Si Petta no entiende que la seguridad del presidente y los altos dignatarios del gobierno obligan a la adecuación in situ del Reglamento de Tránsito, no entiende el Derecho y menos aún cual es su función tutelar de lo más preciado a su cargo. Lo que debió hacer es que en todo el recorrido la comitiva se desplazara con seguridad, para ella y para los ciudadanos comunes interpuestos en el camino, ya que por lógica debía ir a la mayor velocidad posible y sin escalas peligrosas.

Imaginemos lo que pasaría si a la Intendente de Asunción, en plan de campaña de imagen como Petta, se le ocurriera “aplicar la ley” de semáforos y el presidente tuviera que quedar veinte o treinta minutos “embotellado”, todos los días, en el caos de las esquinas que rodean su residencia, padeciendo “igualitariamente” como los ciudadanos comunes. Sería convertirlo en blanco fácil de cualquier agresión o atentado. Imaginemos Barak Obama multado por alta velocidad, a Hugo Chávez formando cola para entrar a un evento o al Papa atrapado con registro vencido.

No queda sino pensar que hay demasiada necedad, lo que sería grave, o que se optó por la propaganda mediocre de show mediático. No puede el presidente de la República prestarse a esto, o buscarlo, porque se expone al descrédito y al ridículo.

Asunción, 17 de mayo de 2009 

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