GABINETE PLEBISCITADO

Adolfo Ferreiro 
Abogado

El Presidente electo desarrolla una particular y novedosa manera de ejercer su atribución de designar a los ministros del Poder Ejecutivo. Por un lado, ejerce lo que muchos consideran una desconsiderada discrecionalidad, sobre todo política, hacia sus soportes partidarios y, por el otro, promueve o participa de una discusión pública anárquica que incluye actores tan diferentes como la elite del Congreso, las corporaciones, los grupos internos partidarios, la prensa, las organizaciones civiles de la sociedad y hasta indiciados en procesos judiciales por delitos comunes.

Generalmente los presidentes develan su gabinete el día que asumen. Aquí no sólo se anuncian, agasajan y repudian ministros “designados” durante los tres meses y medio entre la elecciones y la asunción, sino que renuncian antes de asumir por “crisis” en un gabinete apenas virtual. De hecho se ha creado una nueva categoría de altos funcionarios públicos: ex futuro ministro. Algunos lo son tan solamente porque quisieron serlo, como el iracundo aspirante al Ministerio del Interior, que protagonizó un escándalo grotesco que tuvo más de síndrome de despecho que de desacuerdo político. Las causas de la renuncia de la dolida Milda Rivarola siguen siendo misterios inescrutables.

¿Cómo calificar el estilo que se impuso? Podría decirse que se instaló un procedimiento de nombramiento plebiscitario. Por un lado, el ejercicio hasta terco de la potestad presidencial, por el otro la exacerbada “participación” de la ciudadanía en lo que normalmente es cuestión de elucubración del Primer Mandatario y su entorno más discreto.

¿Es esto bueno? ¿Refleja un cambio positivo en la manera de manejar el gobierno? Hay motivos para preocuparse si se tiene en cuenta que “el plebiscito, en su sentido más estricto, es la petición de la aprobación de un decreto gubernamental o la aprobación de las políticas generales del gobierno, típicamente en estados sin democracia, parlamentarismo o un órgano representativo”. Es cierto que no se practica formalmente un plebiscito. No hay votación de la consulta, como se exigiría si se hiciera en los casos previstos en diferentes ordenamientos políticos. La idea de “plebiscito” es la que alienta en la confrontación de los hechos referidos y la escueta definición de diccionario básico. Digamos que se utiliza la expresión en un sentido figurado pero eficiente para apreciar la distorsión que la práctica está imponiendo en el camino, largo por cierto, de nombrar ministros para el futuro gobierno.

Lo que preocupa es la constatación de la precariedad institucional con la que el próximo presidente deberá ejercer su mando. La confusión abarca a todos los estamentos del quehacer político: desde los partidos hasta los dirigentes sectoriales, pasando por demasiados intelectuales y hasta artistas, que tienen cada vez más la idea de que los ministros a ser designados tienen que ser “sus representantes”, corporativos por cierto, más que los instrumentos de la política gubernamental que es para todos, como jefes de determinados sectores de la administración de lo público. Los ministros deben ser leales ejecutores del programa de gobierno del presidente, no los portavoces de sindicatos y gremios variopintos en el gabinete, que es un órgano auxiliar de gestión y no “de representación”.

Si la noción que sostiene que mujeres, empresarios, desamparados, militares, pobres, jóvenes, agropecuarios, médicos, trabajadores, músicos, indígenas y cuanta fracción más pudiera instalarse en la pluralidad social, tienen el “derecho” de contar con “su parte” del gabinete, es decir de la política del Gobierno, es fácil suponer que podrán surgir problemas a la hora de trabajar en serio, fragmentando la gestión en compartimentos estancos, imediatistas o líricos, perjudiciales para el desarrollo de políticas globales de estado prudentes en relación a la complejidad y la interacción, atentas de las consideraciones de mediano y largo plazo.

La respuesta a esta amenaza directa a la eficiencia y eficacia del nuevo Gobierno tal vez requiera la reconsideración seria de cómo hará para conducir un cambio radical de la actual incidencia de la política en lo institucional que ha sido, en la última década, el principal fracaso. No solamente se detuvo la construcción y consolidación de instituciones.

Se destruyeron los avances logrados. Si esto se hace lo correcto, no serán necesarios “plebiscitos” irregulares sino que funcionará la democracia en el estado de derecho, con representaciones políticas genuinas y sólidas, impidiendo el desarrollo de delegaciones corporativas incompatibles con la República.

Asunción, 27 de julio de 2.008 

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