¿EN QUIÉNES JEGÜERIOVIAR?

Adolfo Ferreiro 
Abogado

     La detención de un importante funcionario de la Secretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda, en flagrante delito de recibir una coima pedida para terminar la extorsión a un conocido restaurante, no hace sino brindar una evidencia más del funcionamiento, en el ámbito de dicho ministerio, de una organización criminal dedicada a lucrar con el pretexto de controles del cumplimiento de disposiciones tributarias.

      La cosa es sencilla: aprovechándose de una ley de dudosa constitucionalidad, la Secretaría de Tributación monta una especie de policía secreta o pandilla de delatores que recorre los comercios, preferentemente los de actividad visiblemente regular, que “detectan” presuntas infracciones administrativas de ínfima trascendencia, en base a las cuales se realizan advertencias. Después vuelven y, clandestinamente, por procedimientos que a criterio de cualquier jurista deben calificarse de nulos, se alzan con “pruebas” de que se estaría cometiendo infracciones tales como que a la boleta de venta le falta una coma o que el cliente que compra un chorizo se va sin llevarse el comprobante. Inmediatamente, se produce una intervención que consiste en cerrar el local comercial para realizar una inspección que ni siquiera se realiza en el sitio. Conclusión, muchos comercios han sido clausurados por tres días, causándoles perjuicios de miles de millones de guaraníes en ventas, ganancias y prestigio, para “investigar” infracciones administrativas que a los sumo tendrían multas de unos pocos miles.

      Como la finalidad de este operativo es crear terror, amedrentar y sensación de indefensión e impunidad, también se adhieren a paredes y puertas de locales víctimas de la banda, carteles a todo color que los sindican como evasores. Todo antes que las víctimas de tan criminal proceder puedan ejercer alguna defensa.

      No hace falta reiterar todos los argumentos jurídicos que permiten calificar todo esto como graves violaciones de derechos y garantías constitucionales y la comisión por parte de los delincuentes empotrados en el Ministerio de Hacienda de un sinnúmero de delitos que podrían dar lugar a sanciones penales que lleguen hasta al mismo ministro de la cartera.

      Para darle mayor eficacia al procedimiento criminal, algunos jueces no cumplen con su función de tutelar los derechos de los particulares ante evidentes abusos de “la administración” y otorgan, sin ningún cotejo de su justificación, autorizaciones para cometer los atropellos y someter a las victimas que tienen que soportar el daño, el perjuicio económico y el escarnio de una burocracia que se comporta con la soberbia de la impunidad y que, ante cualquier manifestación de resistencia, amenaza y cumple causando aún más destrozos.

      Sospechábamos y sabíamos que detrás de esta política de terrorismo fiscalista se esconde una organización mafiosa que lucra con la coima y la extorsión. Ahora hay una evidencia constatada gracias al coraje de un empresario que hizo la denuncia, exponiéndose a represalias de la gavilla, posibilitando la detención de un alto personaje de la Secretaría de Tributación, in fraganti, recibiendo veinte millones de guaraníes que habría pedido para acabar con una intervención abusiva y extorsiva.

      Por supuesto, el conocido cinismo de la Secretaría de Tributación, pretenderá que es un hecho aislado y buscará hacerle pagar los platos rotos al tonto que robó, “se descuidó”, no supo huir y fue pillado.

Lo que salió a la luz es “la punta del iceberg” de una rosca criminal dedicada a lucrar con la extorsión al comercio legal, con el arma de interrumpir a su antojo y para sus sucios fines, las actividades de las empresas afectadas, hasta llevarlas al colapso económico.

Es hora que se inicie una eficiente depuración en el Ministerio de Hacienda para deshacerse de estos delincuentes. Pero también una profunda revisión de esa cultura de la arbitrariedad que ha prosperado entre administradores y leguleyos fiscalistas, para los cuales el hacerse con el dinero del contribuyente es un fin que justifica todos los medios, aunque estos signifiquen la derogación de la Constitución, el abuso y la delincuencia por parte de funcionarios generalmente corruptos.

Asunción, 11 de mayo de 2.008 

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