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їEN QUIЙNES JEGЬERIOVIAR? |
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Adolfo
Ferreiro
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La detenciуn de un importante funcionario de la Secretarнa de Tributaciуn del Ministerio de Hacienda, en flagrante delito de recibir una coima pedida para terminar la extorsiуn a un conocido restaurante, no hace sino brindar una evidencia mбs del funcionamiento, en el бmbito de dicho ministerio, de una organizaciуn criminal dedicada a lucrar con el pretexto de controles del cumplimiento de disposiciones tributarias. La cosa es sencilla: aprovechбndose de una ley de dudosa constitucionalidad, la Secretarнa de Tributaciуn monta una especie de policнa secreta o pandilla de delatores que recorre los comercios, preferentemente los de actividad visiblemente regular, que “detectan” presuntas infracciones administrativas de нnfima trascendencia, en base a las cuales se realizan advertencias. Despuйs vuelven y, clandestinamente, por procedimientos que a criterio de cualquier jurista deben calificarse de nulos, se alzan con “pruebas” de que se estarнa cometiendo infracciones tales como que a la boleta de venta le falta una coma o que el cliente que compra un chorizo se va sin llevarse el comprobante. Inmediatamente, se produce una intervenciуn que consiste en cerrar el local comercial para realizar una inspecciуn que ni siquiera se realiza en el sitio. Conclusiуn, muchos comercios han sido clausurados por tres dнas, causбndoles perjuicios de miles de millones de guaranнes en ventas, ganancias y prestigio, para “investigar” infracciones administrativas que a los sumo tendrнan multas de unos pocos miles. Como la finalidad de este operativo es crear terror, amedrentar y sensaciуn de indefensiуn e impunidad, tambiйn se adhieren a paredes y puertas de locales vнctimas de la banda, carteles a todo color que los sindican como evasores. Todo antes que las vнctimas de tan criminal proceder puedan ejercer alguna defensa. No hace falta reiterar todos los argumentos jurнdicos que permiten calificar todo esto como graves violaciones de derechos y garantнas constitucionales y la comisiуn por parte de los delincuentes empotrados en el Ministerio de Hacienda de un sinnъmero de delitos que podrнan dar lugar a sanciones penales que lleguen hasta al mismo ministro de la cartera. Para darle mayor eficacia al procedimiento criminal, algunos jueces no cumplen con su funciуn de tutelar los derechos de los particulares ante evidentes abusos de “la administraciуn” y otorgan, sin ningъn cotejo de su justificaciуn, autorizaciones para cometer los atropellos y someter a las victimas que tienen que soportar el daсo, el perjuicio econуmico y el escarnio de una burocracia que se comporta con la soberbia de la impunidad y que, ante cualquier manifestaciуn de resistencia, amenaza y cumple causando aъn mбs destrozos. Sospechбbamos y sabнamos que detrбs de esta polнtica de terrorismo fiscalista se esconde una organizaciуn mafiosa que lucra con la coima y la extorsiуn. Ahora hay una evidencia constatada gracias al coraje de un empresario que hizo la denuncia, exponiйndose a represalias de la gavilla, posibilitando la detenciуn de un alto personaje de la Secretarнa de Tributaciуn, in fraganti, recibiendo veinte millones de guaranнes que habrнa pedido para acabar con una intervenciуn abusiva y extorsiva. Por supuesto, el conocido cinismo de la Secretarнa de Tributaciуn, pretenderб que es un hecho aislado y buscarб hacerle pagar los platos rotos al tonto que robу, “se descuidу”, no supo huir y fue pillado. Lo que saliу a la luz es “la punta del iceberg” de una rosca criminal dedicada a lucrar con la extorsiуn al comercio legal, con el arma de interrumpir a su antojo y para sus sucios fines, las actividades de las empresas afectadas, hasta llevarlas al colapso econуmico. Es hora que se inicie una eficiente depuraciуn en el Ministerio de Hacienda para deshacerse de estos delincuentes. Pero tambiйn una profunda revisiуn de esa cultura de la arbitrariedad que ha prosperado entre administradores y leguleyos fiscalistas, para los cuales el hacerse con el dinero del contribuyente es un fin que justifica todos los medios, aunque estos signifiquen la derogaciуn de la Constituciуn, el abuso y la delincuencia por parte de funcionarios generalmente corruptos. Asunciуn, 11 de mayo de 2.008
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