PRESUNTOS COIMEROS

Adolfo Ferreiro 
Abogado

                                                              

 

            Los conocidos restaurantes Bolsi y Wilson’s fueron cerrados por la Subsecretaría de Tributación en procedimientos que son, lo menos que puede decirse, policíacos, abusivos y extorsivos.

            A la Subsecretaría de Tributación se le ocurrió que estas empresas estarían infringiendo algunas normas administrativas en su actividad comercial, en base a informes que le provee un cuerpo de pyragués que tiene a su servicio, que se presenta a consumir algo furtivamente y se va sin retirar la factura que sustente la compra. Eso, en la jerga policíaca corrupta, se llama “plantar pruebas” y es una de las formas típicas del proceder delincuencial de autoridades que en lugar de servidores públicos, son hampones.

            El cierre, por tres días, se pretende que es para revisar los papeles de los “presuntos de defraudación” como llaman a sus víctimas. Ello produce un daño económico y comercial de proporciones descomunales a cualquier empresa, porque la actuación aparatosa de esta “gestapo” va acompañada de escándalo y escarnio, dado que una pegatina de enormes letreros que anuncian la presunción de defraudación se deja por puertas y ventanas a la vista del público y de la prensa que los divulga hasta el cansancio.

            El procedimiento es abusivo y vejatorio. Es una pena anticipada, lo que viola el principio elemental de inocencia que se supone gozan las personas ante cualquier presunta infracción, así como a su derecho a defenderse de las acusaciones, antes de sufrir ninguna pena. Se burla del elemental principio de proporcionalidad que debe respetar toda investigación, proceso y pena.

            La Subsecretaría de Tributación se cree con el derecho de arrasar con todo. Procede con la misma cultura criminal que los delincuentes de las administraciones municipales y hay que pararlos, recurriendo a las instituciones de la República que tienen a su cargo defender a los particulares de los abusos, la prepotencia y la delincuencia de los funcionarios de una burocracia que siempre se muestra infestada de arrogancia y corrupción.

            Felizmente el juez Hugo Becker proveyó de manera a restablecer las garantías en el caso del Wilson´s, ordenando su reapertura inmediata. Es lamentable que otros jueces autoricen las clausuras olvidando que el requisito de su aprobación no es un mero trámite administrativo, sino la revisión puntillosa de la justificación que esgrima la administración al solicitarla. Cuando los jueces funcionan como legitimadores automáticos de la arbitrariedad de la burocracia, prevarican y someten su alta función a designios perversos.

            Si los burócratas irresponsables de la Subsecretaría de Tributación se creen con la potestad de suponer frívola o corruptamente y endilgarlo como agravio a quienes se les antoje, la opinión pública tiene el derecho de devolverles la misma moneda y así lo está haciendo. En el centro de Asunción existen organizaciones comerciales que violan todas las leyes a las que deben ajustar su tarea, al punto de convertir las veredas repletas de comerciantes marginales en distribuidores de su mercancía. Actúan a la luz pública y nadie los molesta. Todos saben que pueden hacerlo porque pagan puntualmente las coimas que inspectores municipales recaudan y, presuntamente, también los coimeros de Tributación, que no los molestan.

            Es más, si estos presuntos coimeros se creen con el derecho de denigrar con letreros ofensivos que fijan en puertas y ventanas de los locales, los que sospechan de que son una pandilla de coimeros podrían ponerles semejantes letreros en las puertas de sus despachos y en sus propias casas.

            Como se ven las cosas, los de la Subsecretaría de Tributación son presuntos coimeros que acosan a aquellos que no se someten a su voracidad coimera.

           

Asunción, 2 de marzo de 2.008 

 

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